¿Pagan los españoles todos sus impuestos?

Todas las personas que viven en el "Hogar Público", el Estado, tienen que contribuir a financiar los gastos comunes mediante los impuestos. Pero hay personas que no lo hacen y no ingresan los impuestos que les corresponden, lo cual es una injusticia, porque estas personas utilizan los bienes y servicios públicos igual que todos los demás. Sin embargo, no han aportado el dinero que les correspondía aportar para pagarlos. A estas personas se les llama "defraudadores".

En España, el problema del fraude fiscal y de la economía sumergida ha ido escalando poco a poco hasta llegar a doblar la media de los países de la Unión Europea.

Como estas personas no han pagado su parte, el Estado tiene menos dinero para los servicios públicos y, entonces, sólo le quedan dos caminos. O bien proporciona menos servicios públicos o de inferior calidad de los que se necesitan, con lo que todos salimos perjudicados. O bien, si quiere proporcionar los servicios públicos que se necesitan, tiene que pedir más dinero a los ciudadanos, con lo cual los que pagan correctamente sus impuestos, tienen que aportar más dinero por lo que otros usan y no pagan.

Hay gente que defrauda, de muchas maneras. Los hay que pagan una parte, pero no todo lo que les corresponde. Creen que así no se va a notar que han aportado menos de lo que debían. También hay gente que, directamente, no paga nada. Suponen que las administraciones públicas y los demás ciudadanos no se van a enterar.

Puede que, al principio, no se note, o que los demás no se enteren. Puede que se crean que han conseguido engañar al Estado. Pero ellos saben que lo que hacen está mal. No están engañando al Estado, a su Comunidad autónoma o a su Ayuntamiento. Están quitando una parte de lo que les corresponde a todos los ciudadanos, incluidos a ellos mismos. Ellos saben que se están comportando como personas egoístas e insolidarias, y que están engañándose a sí mismos y a los demás.

Además, tarde o temprano, todos los engaños se acaban descubriendo. Sucede que, muchas veces, para engañar en el pago de los impuestos, hay que engañar en otros niveles económicos y legales. O también sucede que, para ocultar las cosas que se hacen mal en otros niveles económicos y legales, hay que engañar en los impuestos. Con lo cual, al final se hace un lío enorme y se acaba descubriendo todo el asunto. Cuando se descubre a los defraudadores, éstos buscan excusas para disculpar su comportamiento. Pero normalmente no les sirve de nada porque, al final, se les sanciona. Tienen que pagar lo que les correspondía y, además más, porque se les pone una multa o incluso los hay que tienen que ir a la cárcel por haber cometido delito fiscal.

El Estado tiene la obligación de defender los intereses de todos los ciudadanos. En particular, tiene que defender los intereses de los buenos ciudadanos que sí pagan los impuestos que les corresponden. Y, por eso, no puede tolerar estos engaños y estas conductas egoístas e insolidarias de los defraudadores. Por eso, la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias autonómicas y locales tienen que comprobar el pago de los impuestos de todos los ciudadanos. A los que incumplen sus obligaciones tributarias (defraudadores), porque pagan menos de lo que deben o no pagan, se les exige el dinero que no han aportado a la colectividad y, además se les sanciona.

También sucede que hay gente que, aunque pague correctamente sus impuestos, abusa de los bienes y servicios públicos. Los usan mal, desperdician las oportunidades que se les ofrecen, engañan para que les alcancen beneficios a los que no tienen derecho, etc. Estos también son defraudadores, aunque no lo son por la vía de los ingresos públicos (no cometen fraude tributario), pero sí lo son por la vía de los gastos públicos (cometen también fraude fiscal). También son personas egoístas e insolidarias que quitan a los demás, recursos y oportunidades. Por ejemplo, hay personas jóvenes que desaprovechan las oportunidades que les ofrece el sistema educativo y, con ello, desperdician el dinero público que a los ciudadanos les cuesta un esfuerzo pagar. Eso, aunque no esté castigado por la ley, es una conducta asocial, egoísta e insolidaria.

Por último, echalé un vistazo a los siguientes spots publicitarios contra el fraude fiscal de Ecuador y España: